Ley Lleras: ¿modernización o puerta abierta a censura? !!!

El proyecto de ley Lleras para la protección de derechos de autor es una propuesta que despierta desacuerdos entre el Gobierno y expertos en propiedad intelectual, pues es considerada por unos como la solución a los problemas de piratería y por otros

Sergio Ovalle califica el proyecto de ley Lleras como "un intento desesperado de la industria para salvar un modelo de negocio de ventas en físico, que se niega a adaptarse a las nuevas tecnologías.

Colombia cuenta con una norma que protege los derechos de autor y propiedad intelectual, conocida como la ley 23 de 1982, en la cual se regulan los privilegios y las limitaciones a las que están sujetos los creadores de obras literarias, científicas y artísticas. Sin embargo, algunos sectores consideran que el alcance de esta ley es insuficiente para enfrentar el panorama de la era digital.

El artículo segundo de esta ley explica que: “Los derechos de autor recaen sobre las obras científicas, literarias y artísticas, en las cuales se comprenden todas las creaciones del espíritu en el campo científico, literario y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión”.

Al respecto, Juan Carlos Monroy, jefe de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, explicó que el principal problema que afecta a los autores es “la observancia práctica de esos derechos frente a las infracciones que se cometen”, pues aunque la ley es clara en establecer la responsabilidad de los infractores, “hay congestión en los procesos judiciales y los delitos de piratería suelen ser mirados como de menor importancia”. Señaló además que en el país hay un gran desconocimiento en cuanto al respeto a los derechos de autor.

Monroy destacó que ahora es necesario “modernizar la legislación” debido a la evolución del entorno digital y el traslado de los contenidos a estos espacios. Esta adaptación se realizaría a través de la llamada “Ley Lleras”, un proyecto de ley que regularía la responsabilidad por la violación de derechos de autor en Internet y “aportará un mecanismo ágil y efectivo para bloquear los contenidos ilegalmente publicados”, aunque añadió que no se crearían infracciones nuevas.

Este nuevo proceso consistiría en agilizar los tiempos de respuesta para “dar de baja” contenidos subidos a Internet sin permiso, lo que evitaría una espera de unos tres años mientras un juez civil ordena la despublicación de los mismos y faculta a los prestadores de servicio de Internet (ISP en inglés), para borrar estos contenidos para no estar obligados a asumir la responsabilidad en caso de una demanda.

Sin embargo, otros sectores están en desacuerdo, según expresó el abogado especialista en derechos de autor y propiedad intelectual Sergio Augusto Ovalle, quien señaló que esta legislación no tiene en cuenta la función social de la propiedad intelectual pues “no se pueden detener los avances en la educación o cultura, solo porque un autor así lo quiera. Hay que tener en cuenta el predominio del interés común al interés particular” y enfatizó que “la ley Lleras atenta contra el derecho a la privacidad, a la información y se salta olímpicamente las limitaciones existentes en la ley de derechos de autor”.

Ovalle destaca que el acceso a Internet no es un simple servicio, es considerado como el derecho fundamental de acceder a información y la implementación de esta ley iría en contra de la normatividad establecida por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual -Ompi-, organismo que hace parte de la Organización de Naciones Unidas, que considera que la regulación para los derechos de autor debe ser cada día más simplista y acomodarse a las nuevas generaciones y no al revés.

Además, Ovalle calificó el proyecto de ley como “inconstitucional” que se prestaría para crear censura, violaciones a la privacidad a través del monitoreo de las comunicaciones privadas de los usuarios de Internet por parte de sus ISP y coartaría sus derechos al libre acceso a la información.